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Diligencia debida en sostenibilidad: qué exige la nueva normativa europea y cómo prepararse
La diligencia debida en sostenibilidad es un proceso que obliga a las empresas a identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas sobre los impactos negativos que sus actividades puedan generar en los derechos humanos y en el medio ambiente. Este enfoque ya no se limita a la propia actividad de la empresa, sino que se extiende a toda su cadena de valor, incluyendo proveedores, subcontratistas y socios comerciales, tanto en la Unión Europea como fuera de ella. La Unión Europea ha decidido pasar de los compromisos voluntarios a un marco jurídico vinculante, convirtiendo la diligencia debida en una obligación concreta. La nueva normativa responde a una demanda creciente de consumidores, inversores y administraciones públicas que exigen mayor transparencia, responsabilidad y coherencia en las prácticas empresariales.
El marco normativo europeo: la Directiva (UE) 2024/1760
La Directiva sobre diligencia debida en sostenibilidad corporativa, conocida como CSDDD o CS3D, fue aprobada en junio de 2024 y publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea el 5 de julio del mismo año. Esta norma establece por primera vez en el derecho comunitario la obligación legal para determinadas empresas de gestionar de forma activa sus riesgos e impactos en derechos humanos y medioambientales. Las empresas incluidas en su ámbito deberán integrar la diligencia debida como parte esencial de su estrategia empresarial, establecer mecanismos de evaluación continua y adoptar decisiones fundadas sobre cómo evitar, corregir o compensar posibles daños derivados de su actividad o de su cadena de suministro.
Empresas obligadas y calendario de aplicación
La aplicación de esta directiva será gradual. En una primera fase, a partir de 2027, las obligaciones afectarán a las grandes empresas establecidas en la UE que superen los 1.000 empleados y facturen más de 450 millones de euros. Posteriormente, a partir de 2029, quedarán también incluidas las empresas de terceros países que generen ese mismo volumen de facturación dentro del mercado europeo. Aunque la mayoría de pequeñas y medianas empresas no se verán directamente afectadas por estos umbrales, muchas estarán implicadas indirectamente al formar parte de las cadenas de suministro de empresas que sí están obligadas, lo que conllevará requerimientos adicionales en materia de información, trazabilidad, compromiso contractual y verificación.
Aplicación práctica y obligaciones derivadas
Implantar un sistema de diligencia debida implica establecer procedimientos que permitan analizar riesgos, prevenir impactos negativos y adoptar medidas correctoras cuando sea necesario. Las empresas deberán establecer políticas internas, integrar estos procesos en su estrategia general, documentar sus decisiones, comunicar sus avances y ofrecer canales eficaces para atender reclamaciones. La responsabilidad se extiende a toda la cadena de valor y afecta tanto a las operaciones propias como a las actividades de proveedores o filiales, independientemente del país donde estén establecidos. Además, las autoridades competentes podrán imponer sanciones si se detecta incumplimiento, y las empresas podrán enfrentarse a demandas judiciales por daños derivados de no haber actuado con la diligencia exigida.
Riesgos ambientales y sociales a tener en cuenta
Los riesgos que las empresas deben analizar cubren tanto aspectos ambientales como sociales. En materia ambiental, se incluyen la contribución al cambio climático, la contaminación, el uso de recursos no renovables, la deforestación o la pérdida de biodiversidad. En el ámbito social, las obligaciones alcanzan cuestiones como el respeto de los derechos laborales, la seguridad y salud de los trabajadores, la igualdad de trato, la lucha contra el trabajo infantil o forzoso y la protección de los derechos de las comunidades locales. Este enfoque integral requiere que las empresas conozcan en profundidad su cadena de valor y desarrollen herramientas para evaluar y controlar los impactos reales o potenciales.
Interacción con otras normas europeas de sostenibilidad
La diligencia debida no actúa de forma aislada, sino que se complementa con otras normativas comunitarias que refuerzan la sostenibilidad como principio rector de la actividad económica. Está estrechamente vinculada a la Directiva CSRD, que regula la información sobre sostenibilidad que deben presentar muchas empresas en sus estados no financieros, y también con el Reglamento EUDR, que impone requisitos de trazabilidad y pruebas de no deforestación en productos importados. Asimismo, la diligencia debida servirá de base para acceder a financiación sostenible bajo la taxonomía europea, y facilitará el cumplimiento de criterios ESG en todo tipo de relaciones empresariales.
Prepararse para cumplir: claves para anticiparse al cambio
Aunque los plazos formales aún no han comenzado a correr para muchas empresas, ya existen grandes compañías que están exigiendo a sus proveedores pruebas de cumplimiento en materia de sostenibilidad. Por eso es recomendable anticiparse. Analizar la posición de la empresa en la cadena de suministro, identificar los impactos reales y potenciales, establecer procedimientos internos, implicar a los responsables de compras, formar al equipo directivo y documentar las actuaciones realizadas son pasos fundamentales para construir un sistema eficaz de diligencia debida. Cuanto antes se inicie este proceso, más sencillo será adaptarse a los requerimientos cuando sean obligatorios.
El apoyo técnico necesario para abordar este proceso
En Albera Medio Ambiente acompañamos a las empresas en el diseño e implantación de sistemas de diligencia debida ajustados a su actividad, tamaño y nivel de exposición normativa. Asesoramos en la elaboración de políticas, protocolos, sistemas de evaluación de proveedores y mecanismos de trazabilidad, y ayudamos a integrar estos procedimientos con otros sistemas de gestión ambiental o de sostenibilidad ya existentes. Además, ofrecemos apoyo en la preparación de documentación para auditorías, procesos de contratación o cumplimiento de requisitos de grandes clientes. Nuestro enfoque es práctico, proporcionado y enfocado a reducir la complejidad normativa sin perder rigor técnico.