Ley 1/2025 de desperdicio alimentario: ¿cómo afecta a las empresas?

El objetivo de esta ley es claro: prevenir y reducir las pérdidas de alimentos, promoviendo su aprovechamiento preferente mediante la donación, la transformación o el uso para alimentación animal o compostaje, antes de considerarlos como residuos. Esta visión está alineada con el enfoque de economía circular y con los compromisos adquiridos por España en materia de sostenibilidad alimentaria y climática.

¿A quién afecta?

La normativa tiene un amplio alcance, ya que se aplica a todos los actores de la cadena alimentaria: desde productores primarios y fabricantes, hasta distribuidores, minoristas, establecimientos de hostelería y servicios de catering. También incluye a entidades del tercer sector que participan en la recuperación y redistribución de alimentos.

¿Qué implicaciones tiene para las empresas?

Uno de los puntos clave es la obligatoriedad de disponer de un plan de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario, adaptado a la actividad, dimensión y tipo de productos que maneje cada empresa. Estos planes deberán identificar puntos críticos de pérdida y establecer medidas de prevención, control y aprovechamiento.

Aunque la ley ya está en vigor, las empresas disponen de un plazo hasta abril de 2026 para implantar estos planes de manera efectiva. No obstante, anticiparse es clave, ya que la norma también obliga a establecer mecanismos de seguimiento, evaluación y trazabilidad de las pérdidas a lo largo del tiempo.

Además, se introduce la obligación de facilitar la donación de alimentos aptos para el consumo humano, a través de convenios con entidades sociales que aseguren unas condiciones adecuadas de seguridad, transporte y conservación. Esta medida busca asegurar que el excedente no consumido no acabe en la basura, sino que tenga un destino socialmente útil.

Otros aspectos importantes que recoge la ley son:

• Los comercios deberán ofrecer a precios reducidos los productos con imperfecciones estéticas pero aptos para el consumo.
• Los establecimientos de hostelería estarán obligados a facilitar a los clientes envases gratuitos, reutilizables o sostenibles para llevarse la comida no consumida.
• Las empresas deberán garantizar que el personal reciba formación y sensibilización adecuada sobre el aprovechamiento alimentario.

Sanciones por incumplimiento

La ley contempla un régimen sancionador progresivo. Las infracciones leves pueden suponer multas de hasta 2.000 euros, mientras que las graves pueden ascender hasta los 60.000 euros. En casos de reincidencia o incumplimientos muy graves, las sanciones pueden alcanzar los 500.000 euros. Esto refuerza la importancia de actuar de forma proactiva y estructurada.

Una oportunidad para mejorar

Más allá del cumplimiento normativo, esta ley representa una oportunidad real para las empresas: reducir el desperdicio implica disminuir costes, optimizar procesos y mejorar la imagen corporativa, especialmente en un contexto en el que la sostenibilidad es un factor cada vez más valorado por consumidores, inversores y administraciones.

Desde Albera Medio Ambiente ayudamos a empresas a adaptarse a este nuevo marco legal. Podemos apoyarte en el diseño e implementación de planes de prevención, en la evaluación de pérdidas y en el desarrollo de estrategias de reducción alineadas con tu actividad. También ofrecemos formación y materiales de sensibilización para tu personal.

La cuenta atrás ya ha comenzado. Si tu empresa forma parte de la cadena alimentaria, este es el momento de actuar.